El problema de la renta antigua

El alquiler de renta antigua representa un verdadero quebradero de cabeza tanto para propietario como para inquilinos.

En España existe unos 30.000 inmuebles de renta antigua. Estas viviendas están suscritas bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 por la cual estos contratos tienen carácter indefinido, es decir, que si el inquilino decide prorrogar el alquiler el propietario no se podrá negar, hasta tal punto, que pueden pasar de generación en generación sin que el precio de alquiler sea actualizable al precio actual del mercado.
Esto trae como consecuencia que los propietarios se vean en un callejón sin salida sin poder hacer uso de una propiedad que es suya, incluso llegan a llamarlo "expropiación indebida". Por eso mucho, llegan a practicar el famoso "mobbing inmobiliario ".
Casos en los que el inquilino podrá rescindir el contrato
Esta situación no es para siempre, hay determinadas situaciones en las que el propietario podrá negarse a prorrogar el contrato. Estos son:
- Si el propietario o sus descendientes la necesitan como vivienda: tendrán que justificar su necesidad y en el caso de los hijos deberán probar que tienen un trabajo remunerado y edad suficiente para independizarse.
- Si el arrendado no vive allí un mínimo de 6 meses al año: si esto se demuestra tendrá que abandonar la vivienda. También tendrá que hacerlo si ha subalquilado la vivienda.
- Si el inquilino posee otra vivienda en propiedad: si esto es así el propietario podrá negarse a prorrogar el contrato.
- Por impago.
- Por daños u obras no autorizados en la vivienda.
Acoso inmobiliario
Normalmente los inquilinos de renta antigua son personas mayores, mujeres solteras o viudas en su mayoría, que sólo tienen como ingreso una pequeña pensión. Las viviendas suelen estar bastante deterioradas y se localizan en puntos céntricos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia a o Sevilla.
Los propietarios lo que buscan es que se declare la vivienda en ruina para así, poder echar a las vecinos sin indemnización y construir viviendas por la que se pagarían precios astronómicos por si situación. Por esto, no arreglan ningún desperfecto en la vivienda. Y de esta manera, también se obliga al inquilino a que se marche por iniciativa propia por la imposibilidad de no poder vivir allí.
Otra táctica es acusar al arrendado de impago, para así echarle por desahucio.
Buscar soluciones
Lo mejor es intentar llegar a un acuerdo entre las dos partes pero si no se obtiene el resultado deseado no queda otra opción que llegar a los tribunales.
También hay una serie de organizaciones que ofrecen información gratuita. Incluso apoyo judicial si fuese necesario. Como la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Barcelona (OMIC) que recibió en su primer año 415 quejas.
En 2008, la Ministra de Vivienda, Carmen Chacón en colaboración con los ayuntamientos establecieron un número gratuito 900 900 707 en el que las víctimas de mobbing podrían acudir para asesorarse.
Lo más importante es asesorarse y buscar la solución más viable tanto como para una parte como para otra.